No solo Donald Trump ha rechazado el ingreso y la permanencia de musulmanes en el territorio de su nación. También las autoridades de la India, cuyo parlamento emitió una legislación que deja de lado a los creyentes de Islam de la ciudadanía del país. En una enmienda que fue aprobada la semana pasada, los migrantes que llegan o permanecen en la India y que siguen las religiones cristiana, budista, hinduísta o que forman parte de la minoría de los sikhs, adquieren automáticamente la ciudadanía de la India. No así los seguidores del Islam.

Y no solo eso. La legislación incluye cambiar los nombres musulmanes de los lugares históricos y las autoridades que los gobernaron; quitarle la ciudadanía a los pobladores de las regiones musulmanas de Jammu y Kashmir, y cambiar los libros de texto para borrar cualquier herencia del Islam en ellos.

Todos los residentes de Assam, una región que se extiende a lo largo de la frontera con Bangladesh, tienen que tener la documentación que prueba que ellos y sus ancestros han vivido en la India desde 1971. Cerca de 2 millones de ciudadanos -hindúes y musulmanes- no pasaron la prueba.

La revuelta producida por esta medida ha incendiado muchas ciudades de la India. Mientras tanto, el gobierno está construyendo nuevas prisiones para los migrantes que considere ilegales.

Lo que sucede en la India es mucho más denso que la política excluyente de Donald Trump. Los afectados son varios millones de habitantes.