En España, un país que no se había distinguido por el cabal cumplimiento de la ley, la Audiencia Provincial de Palma condenó hoy al cuñado del Rey Felipe y lo mandó a cumplir una sentencia de 6 años y 3 meses de prisión. El tribunal lo acusa de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y delitos fiscales. Su esposa, la infanta Cristina, hermana menor del rey, quedó absuelta, pero otras dos personas tendrán también que ir a prisión. Uno de ellos es Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin -el cuñado del rey-, quien deberá estar tras las rejas 8 años y 6 meses, y el otro es el expresidente de las islas baleares Jaume Matas, con 3 años y 8 meses de prisión.
En la sentencia el tribunal considera cierto que Matas ordenó contratar con el Instituto Nóos -organización dedicada a eventos deportivos- debido a la «influencia ejercida por D. Iker Urdangarin», concertado con su entonces socio, Diego Torres. Para ello, Urdangarin se sirvió «de la íntima relación de amistad que le unía al recién nombrado director general de Deportes, D. José Luis Ballester Tuliesa, y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas», afirman las magistradas. El tribunal estima que «Diego Torres e Iker Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional». Estos rendimientos «debieron haber tributado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros», límite del delito fiscal.
En otras palabras, la defraudación fiscal fue por 2 millones 600 mil pesos mexicanos.
El saldo de juicio es, en este caso, ejemplar. El cuñado del rey se va a la cárcel. Sus socios también. La hermana del rey se va a Lisboa, con la íntima convicción de que su marido es inocente. El rey calla discretamente, pero las fuentes del Palacio declaran su «absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial.»
Mientras tanto, en México, el Tribunal Electoral sale con la novedad de que ha comprado autos para sus funcionarios por cerca de un millón de pesos cada uno. Y de acuerdo a la ley -la ley que puso el propio Tribunal- sus funcionarios no podrán tener autos de un precio superior a los 600 mil pesos. Fueron 5 autos. En total, cerca de 3.5 millones de pesos. Pero nadie dice nada. Brincarse la propia ley es parte de los usos y costumbres en México.
Y en España, el cuñado del rey se va a la cárcel por jugar fiscalmente a las escondidas con 2 millones de pesos. Hay que hacer comparaciones.