Ahora que el próximo gobierno de México ha puesto a la corrupción como el problema central del país, conviene analizar si existen datos confiables que indiquen la magnitud del fenómeno, para considerar sus dimensiones y, sobre todo, para ver si es posible medir su disminución después de las medidas que se establezcan para su combate.

Para el Sistema Nacional Anticorrupción, así como para la visión generalizada del próximo gobierno, la corrupción es un fenómeno que se encuentra básicamente en el desvío de recursos públicos hacia fines privados, ya sean los bolsillos de funcionarios o las campañas políticas. Pero eso no basta. Para algunos analistas, la corrupción es un fenómeno que impregna al sistema desde diferentes ángulos, y que debe combatirse en una gran variedad de frentes. Para otros, la corrupción no es algo ajeno al sistema. La corrupción es una parte fundamental del sistema, y por ello erradicarla es imposible mientras el sistema perdure.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) acaba de presentar una serie de cuadros sobre la estadística de la corrupción en México.  De acuerdo Asus encuestas, a nivel nacional, el 91.1% de la población percibe a la corrupción como un problema de alta prevalencia. Y en ese contexto, el 59.5% de las personas piensa que la corrupción se presenta en el contacto entre los ciudadanos y las autoridades de seguridad pública. Y eso abre una gran avenida para concebir y combatir a la corrupción: además de los desvíos de los recursos públicos a bolsillos privados, el comportamiento de las policías es un patrón de conductas reprobables. La gama de ellas es enorme: la corrupción puede ir desde el clásico soborno para evitar el envío al corralón de tránsito, hasta el contubernio de los agentes municipales, estatales y federales con las diversas bandas del crimen organizado.

Algunas cifras resultan relativamente halagadoras. Por ejemplo, la existencia de órganos de control interno en prácticamente todas las administraciones públicas de control estatal. No se dice, sin embargo, que en cada estado el gobernador es el que manda, y el que impone a las cabezas de los órganos de control. Otras cifras resultan aún más frustrantes. En los municipios. la existencia de los órganos de control se reduce al 60.6%.

Finalmente, destacan las cifras de las sanciones aplicadas por hechos de corrupción. En el ámbito estatal en el año 2016, a partir de 3,979 auditorías realizadas, se aplicaron 9,513 sanciones. Y en los municipios, después d 12,392 auditorías, se aplicaron 9,809 sanciones. Es decir, nada.

Lo que no dice el INEGI en esta entrega, pero lo dirá algún día, es que la impunidad en México es del 99.3%. Esa es la cifra que maneja la Universidad de Las Américas de Puebla sobre el tema. En la lista mundial de la impunidad en el mundo, México ocupa el 4o lugar. Nada que celebrar.