A unos días de la masacre que segó la vida de 50 fieles en una mezquina de Christchurch, la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de la venta de armas militares semiautomáticas y los cargadores que las alimentan en todo el país. Los ciudadanos que se encuentran en posesión de dichas armas podrán atenerse a una amnistía y devolverlas a cambio de un pago que, en conjunto, le costará a Nueva Zelanda 140 millones de dólares.

Ahora se supo que el hombre que atacó arteramente las dos mezquitas compró legalmente su armamento, gracias a una licencia convencional y a la posibilidad de adquirir cargadores de alta capacidad balística a través de Internet. Cada ráfaga permite lanzar 30 disparos a mansalva, y tener un radio de ataque de 360 grados alrededor del atacante.

Todo ese tipo de armas ahora están prohibidas en Nueva Zelanda. Quedan en el mercado las pistolas calibre 22 y los rifles utilizados por los granjeros y cazadores.

Afortunadamente, en Nueva Zelanda no existe ninguna Asociación del Rifle como la que existe en Estados Unidos. Allá los fabricantes de armas actúan racionalmente, y no únicamente con el fin de perseguir la ganancia a costa de la muerte ajena. Uno de los vendedores más famosos de armas en el país, Hunting & Fishing New Zeland, suscribió las medidas del gobierno para prohibir ese tipo de armas. El Director Ejecutivo de la empresa, Darren Jacobs hizo una declaración ejemplar: «Mientras reconocemos que hemos vendido armas semiautomáticas a un reducido número de clientes en el pasado, los últimos acontecimientos nos han hecho reconsiderar que ese tipo de armas no deben tener un sitio en nuestro negocio, ni en nuestro país.»

Nueva Zelanda sigue así el ejemplo del Reino Unido, que prohibió todas las armas en 1997 -después de un período de homicidios a la alza-, bajo el gobierno de Tony Blair.