La Ley de Transparencia aprobada recientemente por el Senado es un instrumento que puede convertirse en una herramienta fundamental para que los ciudadanos ayuden a limpiar el oscurantismo de las instituciones en México. Sus avances son muchos.
En primer lugar, se trata de una legislación nacional a la que nadie, en ningún rincón de la República, puede escapar. Ahora están obligados a la misma ley todos los estados y municipios, y ya no existe ninguna ley estatal o reglamento local que pueda servir de obstáculo para su aplicación. El campo de acción del IFAI ahora es la nación entera, y las sanciones serán puestas por el propio Instituto.
En segundo lugar, y no menos importante, es que la ley llama a la transparencia de muchas instituciones, más allá del ámbito del Estado. Por supuesto que los diputados y senadores deberán hacer públicos los recursos que manejan, pero ahora esta obligación se extiende también a los sindicatos que ejercen recursos públicos, y desde luego a los partidos políticos. Con ello, se termina -por lo menos en el terreno legal- con la discrecionalidad y el ocultismo que prevalece con las cuotas de los sindicatos, ya sean los petroleros o los del SNTE.
Pero no se piense que no hay resistencias en el tema. De ninguna manera. Basta ver la actitud de los senadores. Una vez que aprobaron la ley, lo primero que hicieron fue darse un plazo de gracia -llamado «reorganización administrativa»- para que la Ley de Transparencia se aplique en el Senado dentro de seis meses. Es un llamado a limpiar la casa, sí, pero también a destruir cualquier información que comprometa a los senadores. Prevalece el bochornoso lema de «tapaos los unos a los otros».