Esta semana un grupo de organizaciones sociales de México presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Comunicación Social del gobierno, que fue aprobada al vapor por el Congreso en los primeros meses del año, y que mantiene en esencia el sistema tradicional que ha prevalecido entre el Estado y los medios de comunicación hasta nuestros días. Las relaciones económicas entre los tres órdenes de gobierno y los medios de comunicación nacionales y locales han sido opacas, discrecionales y dispendiosas, y han generado un caudal de chantajes, censuras, actos de corrupción y violaciones a las libertades de prensa, de expresión y de información.
Los medios de comunicación han sido piezas fundamentales para exponer a la luz pública diversos casos de corrupción -como la tristemente célebre Estafa Maestra, donde diversas dependencias públicas triangulaban recursos con universidades para hacer desaparecer el dinero-, y es preciso dejar sentadas las condiciones para que los medios puedan ser independientes, profesionales y veraces, comprometidos con la objetividad y el derecho a la información de la población. Por eso los objetivos de la nueva ley deben centrarse en lo siguiente:
· Transparentar el uso de los recursos públicos dedicados por el Estado para la publicidad oficial.
· Prohibir y sancionar el uso de la publicidad oficial para castigar, censurar o premiar a los medios de comunicación de acuerdo con la información y las opiniones que difundan.
· Fortalecer la libertad de información y la libertad de expresión.
· Impulsar el periodismo de investigación mediante un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación de los periodistas.
· Otorgar facultades al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que sea la institución encargada del control y la vigilancia de la publicidad oficial.
· Otorgar al INEGI la facultad reconocida de medir las audiencias y la penetración de los medios.
En consecuencia, las organizaciones firmantes -entre las que destacan #Medios Libres, Artículo 19 y Fundar- exigen que los integrantes de la actual legislatura del Congreso de la Unión aprueben una ley que termine con las prácticas discrecionales y corruptas en materia de publicidad gubernamental, y que proteja los derechos de expresión, prensa e información de los ciudadanos.