Luiz Inacio Lula da Silva acaba de llegar a la presidencia de Brasil, y ya enfrenta un problema tan grande como las dimensiones de su propio país: deberá salvar la Amazonia, el pulmón más grande del planeta, y hogar de varias especies en peligro de extinción (ver fotografía).
En la actualidad, la deforestación de la Amazonia es responsabilidad sobre todo de las redes criminales que actúan minuciosamente para ocultar los orígenes ilegales de los productos que extraen y producen ilícitamente, en especial la carne de res, el oro y la madera del lugar. Para salvarla, es crucial que haga frente a madereros, mineros y acaparadores de tierras. También es preciso que haga alianzas con un Congreso fragmentado y con la élite rural del país, una parte de la cual sigue cuestionando los compromisos climáticos de Brasil.
En gran medida, la situación de destrucción actual en la Amazonía es herencia del presidente saliente, Jair Bolsonaro, quien desde que asumió el cargo en 2019 debilitó la protección medioambiental e incluso instó públicamente a abrir las tierras indígenas a la explotación comercial. En consecuencia, las tasas de deforestación anual aumentaron en promedio un 60% durante su presidencia en comparación con los cuatro años anteriores.
El gobierno entrante ha dicho que derogará las políticas que expandieron la extracción de oro en la Amazonía -que afectó sobre todo las tierras indígenas-, y que se volverá a establecer el sistema de multas ambientales para prevenir su destrucción. Lula también planea fortalecer los órganos federales encargados de proteger la selva, y sus ministros han anunciado la creación de una unidad policial para investigar a las sofisticadas bandas criminales responsables de la depredación de los recursos naturales.
También hace falta una diplomacia muy agresiva. China, uno de los principales compradores de soya, carne y cuero brasileños, ha mantenido silencio sobre la destrucción de los recursos naturales de Brasil. Para salvar a la selva, Lula debe convencer a Pekín de adoptar medidas efectivas que garanticen el rastreo del origen de la soya y la carne que le compra a Brasil.
El nuevo gobierno también reactivará el Fondo Amazonía, un programa de conservación que ha sido crucial para frenar la deforestación pero que fue congelado en 2019. El fondo dispone de 600 millones de dólares que pueden utilizarse para financiar a la principal agencia de protección ambiental del país, el Instituto Brasileño de Medioambiente y Recursos Naturales Renovables, y a otros entes federales y estatales.
Una tarea gigante, pero en beneficio del planeta.