Los edificios que se colapsaron en la Ciudad de México fueron construidos al aventón. Sus fotografías demuestran que fueron levantados sin castillos de soporte, con columnas que no se prolongan hasta el suelo,  sin el debido grosor del relleno para los suelos, con ampliaciones voladas en el vacío. Ese fue el caso lamentable del Colegio Enrique Rébsamen, en el que murieron más de 20 niños pequeños y varios adultos. Pero hay muchos otros casos. Un hotel de paso, construido al paso de una constructora española sobre Viaducto Tlalpan, se vino abajo porque no cumplía con los requisitos marcados para protegerlo contra los sismos. Y al temor de las réplicas se han detectado varios edificios que siguen de pie, pero que están en riesgo de venirse abajo.

La insidia señala que detrás de todas estas construcciones hay casos de corrupción. Voltear hacia otro lado tiene su precio. Si el edificio se cae, los que recibimos el sobre con los billetes estaremos muy lejos. Y a los muertos, ni los conocemos.

¿Es posible terminar con las construcciones endebles que no resisten las sacudidas de los grados Richter? Si. Es cuestión de supervisar. Pero que la instancia de supervisión esté constituida por ciudadanos independientes, vinculados a las facultades de arquitectura e ingeniería de las universidades, desligados de las Delegaciones de la Ciudad de México o de los municipios de las entidades federativas.

El gobierno de la Ciudad de México debe invertir una parte de sus recursos en la prevención de desastres. Y el pago a las instituciones de educación superior es una inversión que salvaría muchas vidas.

No la mordida a los inspectores delegacionales, que provoca tantas muertes.