Entrevista con Salomón Chertorivski

Secretario de Desarrollo Económico del D.F.

Por fin se aprobó la nueva Ley de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Y es una ley diferente no solo a la que existía en 1966 -que es su antecedente más inmediato-, sino también al resto de las legislaciones que existen en el país. ¿Cuál es el espíritu de esa ley, si me permites la analogía, parafraseando a Montesquieu?

Efectivamente la ley nace porque el Distrito Federal no tenía un paraguas legislativo, la legislación que existía tuvo sus orígenes en la época donde no había gobiernos elegidos democráticamente en la capital, y por ello veía al Distrito Federal como un apéndice de la federación. En ese sentido, las estrategias y los instrumentos para poder hacer política económica recaían en las decisiones del gobierno federal. Y esto no se actualizó, no se puso al día en los últimos 16 años.

Entonces, de entrada, esta nueva Ley viene a dar un marco jurídico a una ciudad capital que aspira a poder construir sus espacios de autonomía y decisión propia. En un segundo plano, sin lugar a dudas es la ley más avanzada que tiene nuestro país, tanto a nivel local como a nivel federal. Y como nos tardamos tanto, también nos hemos visto beneficiados de las leyes que tienen algunos estados; hay buenas leyes en Nuevo León, el Estado de México y Jalisco; hemos aprendido de ellas, pero debo decir que esta ley es mucho más avanzada.

Y en tercer lugar, en la Ley hay una revaloración o por lo menos una crítica implícita a una idea prevaleciente por lo menos en el último cuarto de siglo, en donde algunos sostenían con cierta mofa que la mejor política industrial era la falta de política industrial. Que al gobierno le corresponde desregular, y sobre todo dejar que el mercado funcione sin cortapisas. Por el contrario, esta ley reivindica el papel tutelar del Estado sobre la economía. Y eso es una convicción: los gobiernos no solo pueden, sino que deben de participar como el actor central en el desarrollo de nuestra economía. En particular, además, la Ley tiene instrumentos y políticas específicas que la hacen muy moderna.

 Cuando hablamos de economía, siempre se plantean dos grandes metas o aspiraciones de la economía que no siempre resultan compatibles. Una es el crecimiento económico y otra es la distribución de la riqueza. Desgraciadamente, México ha fallado en ambas, por lo menos en los últimos años. ¿Cómo se plantea esta dicotomía en esta ley?

Efectivamente, el fin último del desarrollo económico es que la población pueda vivir con un mayor bienestar. Que las familias tengan el ingreso suficiente para tener un sustento digno. ¿Cómo se logra eso? En efecto, es muy cierto que las economías necesitan crecer, y ese crecimiento tiene que repercutir de manera equitativa entre la población. Hay muchas fórmulas que se pueden planear para hacer esto; hay quien piensa que primero se debe de crecer y luego repartir, y hay quienes pensamos que una población más igualitaria fomenta el crecimiento. Pero a final de cuentas el Estado tiene las herramientas y las posibilidades de apuntalar el crecimiento, y la obligación de que a la par de este crecimiento se vayan generando las posibilidades de distribuir la riqueza. Eso se da por supuesto con el tema fiscal, en el cobro de impuestos, y en el hecho de que estos impuestos sean utilizados de manera eficiente y efectiva. Por eso, la primera y más urgente responsabilidad de Estado es hacerse de recursos, vía los impuestos. Y en ese sentido creo que uno de los primeros temas que tendríamos que discutir y reflexionar en el país con mayor apertura y sin tapujos es el tema fiscal, el tema de quién debe pagar y cuánto. Creo que las reformas del año pasado iban en el sentido correcto, aunque nos hubiera gustado ver más. Y en segundo lugar hay que ver para qué se recauda, cómo se utiliza el dinero para poder potenciar el bienestar de los ciudadanos. Por un lado hay que tratar de tener un piso común en las necesidades básicas –en educación, salud, vivienda-, y por otro lado generar una red de protección para todos, particularmente para los más vulnerables. ¿Qué pasa cuando llego a necesitar algo, cuando ya no estoy en edad de trabajar, cuando tengo un accidente, cuando soy víctima de un desastre natural? Todo eso es lo que tenemos que resolver. Y una vez que se cuente con ese piso común y esa red de protección, está el cómo se generan las posibilidades para que la gente pueda encontrar empleo, o una alternativa de ingreso con dignidad. Y la política económica ayuda para este piso común, pero llega un momento en el que, para verdaderamente igualar las oportunidades -y no solo las oportunidades de ser y hacer, sino las oportunidades de tener una realidad diferente a la que tuvieron nuestros padres-, es necesario hacer política económica. De ahí los instrumentos para la generación de empleos, incrementar el potencial de las empresas, y la efectividad con la que se puedan insertar los que buscan trabajo en una alternativa digna. Entonces, en el espíritu de esta ley está el que la ciudad de México tenga todos los instrumentos para poder crecer, pero que  este crecimiento sea sustentable y equitativo. Por eso tiene las herramientas para que el desarrollo esté acompañado de mayores posibilidades de ingreso para la población en su conjunto.

Y en este punto me gustaría enfatizar un tema. Hay que reconocer que, si bien se han hecho muchas cosas muy positivas en las últimas décadas, y aunque la madurez macroeconómica que ha alcanzado el país no se puede escatimar, pensamos que después de 30 años de crecimiento muy limitado, sí nos deberíamos de cuestionar si las variables causales que supusimos en su momento no son al revés. Tras una generación de bajo crecimiento para este país, tenemos que preguntarnos  si el modelo económico no tendría que sufrir cambios estructurales para invertir el orden de las variables causales.

La Ley contiene un entramado de diferentes herramientas que todos queremos poner en práctica, metas que queremos alcanzar –como atraer inversión productiva, generar empleos, acercar a los agentes económicos a las universidades, ampliar la infraestructura, reducir los trámites para nuevas empresas-, un conjunto muy encomiable de propósitos. Y ahora el problema que se nos presenta no es nuevo: ¿cómo pasar del marco legal a la realidad?

En general, las leyes son un conjunto de aspiraciones, y tienen que tener los elementos para llevarlos a la práctica.  En ese sentido creo que la ley tiene una serie de herramientas muy efectivas, y quiero poner tres ejemplos. Uno, la ley nos proporciona los elementos para incentivar la inversión: subsidios, estímulos fiscales, facilidades de trámites y permisos, pero por primera vez la ley nos obliga a defender la inversión. Entonces, no sólo coadyuva y promueve la inversión, sino que cuando ésta encuentra barreras arbitrarias y artificiales para su realización, entonces estamos obligados a hacer una defensoría de la inversión. Y esta es una gran diferencia, porque la inversión no se visualiza como la ganancia exclusiva de quien invierte, sino como la posibilidad de generar riqueza y, volviendo al punto anterior, de generar una riqueza que se distribuye para todos. Entonces, si existen obstáculos para la inversión, los vamos a remover porque se trata de una afectación de un bien público, y no simplemente de un problema que afecta a un interés privado. Entonces, la facultad que ahora tiene el Estado para proteger la inversión es algo muy positivo.

El segundo ejemplo es que la Ley genera instrumentos nuevos de gran potencial, como las Áreas de Desarrollo Económico. Eso significa que ya no vamos a partir de la visión de los antiguos usos de suelo urbano, sino que desde una perspectiva de crecimiento, se pueden sugerir áreas enfocadas a nuevas dinámicas de desarrollo. Y en tercer lugar, la Ley no solo nos obliga a las variables ya tradicionales de transparencia, sino que la Ley obliga a la generación de información coherente para la toma de decisión de los agentes económicos. Es la primera ley que contempla a la información económica como un bien en sí mismo, como un insumo indispensable para la generación de riqueza.  Ahora, esta Ley nos obliga a elaborar un sistema de información, hacerlo público, y mejorar con ello la toma de decisiones de los agentes económicos y del gobierno.

Cuando hablas de proteger la inversión –porque se trata de una inversión que se contempla como un beneficio social-, ¿Te refieres a la creación de una nueva figura? ¿Una especie de defensor del inversionista?

Eso habría que verlo en la reglamentación de la Ley, pero si tuviéramos que mencionarlo  coloquialmente, entonces contemplamos la posibilidad de tener una especie de ombudsman de la inversión, alguien dedicado a proteger el hecho de que la inversión se pueda concretar.

 Uno de los temas que siempre se abordan en este tipo de discusiones se refiere al tipo de intervención del Estado, y sabemos que hay gente preocupada por este tema. ¿Cómo contempla la Ley a la inversión pública y la privada? ¿Cómo se apoyarían mutuamente?

De entrada, la Ley pone de manifiesto en dónde se pueden hacer inversiones público-privadas, y destaca la inversión que hace el Estado en infraestructura y la importancia que ésta tiene para el crecimiento y los recursos de la economía; la Ley plantea la posibilidad de que el Estado pueda participar en los proyectos de inversión monetarizando –digámoslo así- los bienes con los que cuenta. Es decir, que si por ejemplo el Estado permite una mayor altura en la construcción, eso tiene un valor, y si el Estado aporta un valor, se está asociando  con la inversión del privado. En ese sentido, hay que buscar esquemas en los que, con el valor de lo que puede aportar el Estado –que no necesariamente es dinero-, su aportación se considere como una inversión específica y estratégica. De lo que se trata, en el fondo, es de sumar esfuerzos.

Otro tema que llama mucho la atención en el ámbito del desarrollo económico son los salarios. Algunos dicen que los salarios no deben crecer, porque disparan la inflación y de esa manera  ahuyentan la inversión. Otros ponen el ejemplo de China, que tuvo un crecimiento gigantesco basado en salarios ínfimos. Sin embargo, los bajos salarios apuntan más bien a la reproducción de la desigualdad social, pero ahora hasta la política del presidente Obama tiende al incremento de los salarios…

La Ley no dice nada específico en materia de salarios mínimos, porque hasta el día de hoy se trata de una facultad federal, establecida en la propia Constitución. Sin embargo, la Ley sirve de cascarón para la elaboración de un eventual capítulo de Derechos Económicos que tendría que tener la futura Constitución de la Ciudad de México. Y en una legislación de esa magnitud, de tal envergadura, con un capítulo fundamental sobre los Derechos Económicos de los ciudadanos, debería haber muchos temas que tendrían que estar, por lo menos, previamente reflexionados.  Por ejemplo, el funcionamiento de una banca de desarrollo para una economía de 2.22 billones de pesos, cuya posibilidad hoy ni siquiera tenemos; o la posibilidad de determinar la propia deuda, con responsabilidad absoluta, claro, porque tenemos que ver con toda claridad que el endeudamiento de la ciudad es bajísimo, y el hecho de no invertir en el presente por miedo a endeudarse a futuro es una falla con las generaciones que vendrán.

Ahora bien, sobre el tema de los salarios, necesitamos discutir con toda seriedad el tema de salarios mínimos. Y en este camino existen dos vías: por una parte están los salarios como tales, que en el país han tenido una caída tremenda desde finales de los 70’s, y eso nos debe de cuestionar el potencial en la productividad y en la agregación de valor, y nos debe poner en la tesitura de incrementarlos de manera importante. Eso efectivamente genera muchas preocupaciones, porque hemos ligado el salario mínimo a muchos otros temas –como las multas, las primas de seguros médicos y muchas otras cosas-, y al hablar de incrementarlo surge la preocupación de que todo se va a incrementar. Por eso creo que tendríamos que encontrar las fórmulas de desligarlo, tendríamos de encontrar las fórmulas de incrementar los salarios de quienes menos ganan sin impactar con ello a la economía en su conjunto. Un camino es incrementar el salario mínimo, que efectivamente lo propone el presidente Obama; Inglaterra lo hizo hace dos décadas de manera muy eficiente, sin generar fenómenos inflacionarios; el propio Brasil, lo hizo en los últimos años de manera relativamente eficiente, y en México todos nos merecemos una discusión seria y frontal sobre el tema de los salarios mínimos. Y si creemos que el camino no es por ahí, entonces estamos en la necesidad de plantearnos como posibilidad la existencia de Rentas Mínimas de Ciudadanía. Porque si no es mediante el salario, necesitamos generar un piso mínimo de ingreso para que todos los mexicanos puedan aspirar a condiciones mínimas de vida digna. Y eso no lo digo yo. Eso está, como tú lo dijiste al hacer la pregunta, en el espíritu de la Constitución.

En la iniciativa de la Ley se dice que la ciudad de México es una de las cinco ciudades del mundo con mayor capacidad de atraer inversión extranjera. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta atracción?

De entrada, hay que salir a ofrecer la ciudad. En eso no tenemos la menor duda. Una de las fuentes más importantes para poder crecer es la inversión, la nacional y la extranjera.  Y para atraer a la inversión extranjera, uno tiene que salir a ofrecer las enormes posibilidades de lo que se puede hacer en la ciudad. En ese sentido, creo que hay que concentrarse en atraer a la inversión que mayor valor agregado puede generar, sobre todo para que los jóvenes puedan encontrar empleos dignos y bien remunerados, que los preparen y que les den la oportunidad de seguirse desarrollando y aspirar a ganar más. Lo que debemos de hacer es potenciar a las empresas en la ciudad, y esto contiene dos elementos. Uno es la gran empresa, que sólo representa al uno por ciento de las unidades económicas pero que generan la mitad del empleo, porque estos conglomerados  son una fuerza insustituible de generación de empleos, de innovación y de desarrollo. Y eso tenemos que verlo sin vendas. Pensar que las grandes empresas son solo grandes negocios es también un engaño. Necesitamos a la gran empresa que genera empleos de calidad. Y el segundo elemento son las miles de pequeñas y medianas empresas que generan la otra mitad del empleo, y también hay que fomentar, acompañar y proteger a sus inversiones. Se trata de atraer y fomentar a la inversión en general. Desde el más humilde salón de belleza, las tlapalerías, el restorán y la fonda, hasta las grandes empresas de telecomunicaciones o aeroespaciales, para que establezcan aquí sus oficinas centrales, su manufactura limpia, sus fuentes de empleos.

La prensa extranjera, sobre todo, cuando habla de inversiones en México, siempre menciona dos grandes obstáculos que existen en el país para la inversión: la corrupción y la inseguridad. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?

Efectivamente hay una percepción extranjera en el tema de seguridad, y lo que hemos tratado e trasmitir en los viajes internacionales o cuando surge la pregunta, es que en el país hay asuntos de seguridad que se están atendiendo, y que los problemas de inseguridad son muy focalizados. La Ciudad de México, particularmente, es una ciudad segura, mucho más segura que muchas grandes ciudades de la Unión Americana incluso, y que tiene los problemas de seguridad de toda gran urbe en el mundo: en ella hay que saber a dónde ir y a dónde no ir, y a qué hora ir y a qué hora no ir. Entonces, efectivamente hay una percepción que tenemos que combatir con la imagen real de la seguridad de la Ciudad de México. El otro tema, el de la corrupción, sí es un tema muy complejo que afecta a la sociedad mexicana, y sí va en detrimento no sólo de la inversión, sino también en detrimento de la normalidad con la que debemos vivir cotidianamente. La corrupción es dolorosa donde se vea, no solamente en nuestro país, y tenemos que combatirla con información, transparencia, y con la posibilidad de que los inversionistas tengan todas las posibilidades para defenderse. Y por supuesto debemos evitar y no incentivar a los propios inversionistas para que participen en estas actividades ilícitas que tanto lastiman a todo mundo. En esto tiene mucho que ver la educación, la creación de nuevas generaciones de mexicanos que crezcan con la certeza de que la corrupción no solo no es el camino, sino un callejón sin salida.

Para finalizar, ¿piensas que la nueva Ley va a ser un detonante para el desarrollo económico de la ciudad?

La Ley sienta las bases para que los servidores públicos nos enfoquemos en la tarea de detonar efectivamente las posibilidades de crecimiento de nuestra ciudad. Es una gran ciudad, con una economía de dimensiones de país; es el motor de la economía nacional, y ahora tenemos que  pensar ya no en las oportunidades perdidas, sino en las que tenemos por delante para explotar todas las posibilidades y dejarle una mejor ciudad a las generaciones que vienen.