Lo que sucedió el pasado 14 de noviembre en la escuela secundaria de Saugus, en el condado de Santa Clarita en California, se ha convertido en una pesadilla constante en todo el territorio de Estados Unidos. La historia se repite hasta la náusea. Un hombre trastornado -en este caso un joven de 16 años- llega a un lugar muy concurrido con armas de alto calibre y abre fuego indiscriminadamente contra la concurrencia. En la escuela resultaron muertos dos jóvenes y heridos tres. Al final, el atacante se disparó en la cabeza y está hospitalizado en estado de gravedad.

El problema no puede resolverse con el marco legal existente. El estado de California tiene las leyes más duras en materia de posesión de armas, con la prohibición de armas semiautomáticas a todos los usuarios, y especialmente a los menores. Es decir, que las leyes no detuvieron la reciente matanza. En California la estela de las matanzas es muy amplia. El pasado mes de julio, un hombre asesinó a tres personas en un festival del cultivo del ajo en la agricultura del estado; el año pasado, otro disparador solitario le quitó la vida a 12 comensales que escuchaban música country en un bar; y en 2015, una pareja asesinó a 14 trabajadores que celebraban el fin de año en el condado de San Bernardino.

Esa es, apenas, la contribución de California a las cifras de matanzas nacionales, que siguen creciendo conforme pasa el tiempo. Hasta septiembre, solo este año, hubo un promedio de 1.2 matanzas al día, con un total de 1,684 víctimas, entre muertos y heridos.

La solución, que parece sencilla, es la prohibición de la venta y posesión de armas en el país, que es una medida que implementó el gobierno del Reino Unido en 1998, y con ello puso fin a las masacres.

¿Hay medidas intermedias? Puede haber. Por ejemplo, la prohibición de portar armas fuera de los hogares, tanto en lugares públicos como privados.

O la compra de armas por parte del gobierno, a precios muy atractivos para los dueños de rifles y pistolas.

Serían modificaciones legales, pero hasta el día de hoy ningún congresista se anima a proponerlas. Primero está la conservación del cargo; después, el respeto a la vida.