La firma Odebrecht se ha convertido en el azote de gobiernos y gobernantes. Su sola  mención pone a temblar a todos los políticos que han tenido algún tipo de trato con sus enviados. Sus métodos de soborno se extendieron sobre todo por los círculos políticos más altos de América Latina, y sus revelaciones le han cortado al cuello a presidentes, ministros y altos dignatarios.

El último que cayó por estar en sus redes fue el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. La semana pasada fue sentenciado con seis años de prisión por haber aceptado sobornos de la empresa brasileña. En el caso fueron acusadas nueve personas, pero solo se ordenó prisión de seis años para cinco de ellas, incluido Glas. Al resto se les condenó a 14 meses de cárcel, después de considerar que colaboraron con la justicia, y a uno se le dejó en libertad.

Se trata de un caso excepcional, porque el sistema político de Ecuador no sigue las reglas de los demás países de América Latina. En ese país andino, mientras el presidente cambia, el vicepresidente sigue siendo el mismo, y se le considera un hombre fiel al antiguo presidente. Ese era el caso de Jorge Glas, un político cercano al expresidente Rafael Correa, en cuyo gobierno manejaba los sectores estratégicos de energía, petróleo, minas y medio ambiente.

Ahora, bajo la presidencia de Lenin Moreno, el jefe del ejecutivo a privado al vicepresidente de sus funciones, y un juez lo ha mandado a prisión. Pero…  oh sorpresa, el vicepresidente sigue en su cargo. Jorge Glas no ha renunciado como vicepresidente, lo cual sería una de las dos causas para su destitución. La otra sería por el mandato de las tres cuartas partes del poder legislativo, pero los diputados no han levantado la mano para que eso suceda.

Glas está obligado, además, a pagar los 33.5 millones de dólares que la empresa brasileña dice haber proporcionado en sobornos, a cambio de contratos muy jugosos.

En ese contexto, donde el partido gobernante se ha dividido en bandos a favor y en contra del presidente y el vicepresidente, Odebrecht se ha convertido en una pieza clave para comprender y definir el futuro de la política ecuatoriana.