Ante la falta de investigaciones de la Procuraduría General de la República, un grupo de periodistas mexicanos se convirtió en investigadores. Y llegaron muy lejos. El 5 de septiembre de 2017 Daniel Moreno, Director del portal llamado Animal Político y Salvador Camarena, Director de Investigación Periodística de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó los hilos de una investigación muy enredada y redituable para muchos. La Estafa Maestra. Originalmente era una madeja de 128 empresas fantasma a través de las cuales el gobierno federal desvió más de 400 millones de dólares que se repartieron entre las manos de 11 dependencias públicas, 8 universidades públicas, muchas empresas privadas y más de 50 funcionarios de distintos niveles.

El escándalo se hizo mayor porque muchas veces los involucrados no sabían ni siquiera en lo que participaban. «¿Le entras?» era la pregunta inicial para participar en un gran fraude. «Tú solo fírmale aquí», era la voz para dar el siguiente paso. El dinero venía del gobierno federal, pasaba por los gobiernos estatales, ingresaba a las arcas de las universidades y llegaba a manos de empresas inexistentes y de algunos incautos. Al final, muchas veces, las personas involucradas no sabían de qué se trataba. Los que sabían, se hinchaban los bolsillos de dinero. Y al final, ni siquiera aparecían los servicios que supuestamente se iban a realizar o los bienes que se compraban.

El caso, con el tiempo, se fue a dormir a los archivos de la Secretaría de la Función Pública. Ni los esfuerzos de la Auditoría Superior de la Federación sirvieron para sacudirlos del sueño.

Pero todo eso parece estar llegando a su fin. Se acaba de anunciar que la Secretaría de la Función Pública investiga la evolución patrimonial de tres funcionarios de Pemex que firmaron convenios irregulares entre la petrolera y universidades públicas así como a los auditores encargados de revisar estos convenios, pues pese a que se contaba con indicios para investigarlos fueron exonerados. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló que al revisar los convenios se encontró que al menos en tres se violó la ley pues se sobrepasó el monto permitido, y que las universidades contratadas no contaban con la capacidad para llevara a cabo los trabajos por lo que tuvieron que subcontratar a terceros, los cuales tampoco pudieron realizarlos. La secretaria añadió que del análisis de los convenios se supo que algunas de las empresas beneficiadas de los recursos del Estado estaban ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos, y que actuaban como socios directos.

Ahora se saben los nombres de los implicados. Los funcionarios implicados en el caso son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien era director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, quien fungía como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, que era gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística. Todos ellos firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país por 348 millones de pesos, que terminaron en las arcas de 17 empresas irregulares. Todos ellos ya fueron separados de sus cargos, y posiblemente enfrenten a la justicia penal.

Parece que la estafa está perdiendo su maestría.