La remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deja en el aire una serie de investigaciones en donde la corrupción se mezcla con los delitos electorales. Uno de ellos es el escándalo mundial de la empresa Odebrecht, la constructora brasileña especializada en sobornar a los gobiernos para obtener jugosos contratos. El caso ha llamado la atención en todo el mundo, porque la propia firma aceptó haber repartido una suma de 450 millones de dólares a funcionarios de 11 países.

Una investigación que tenía la Fepade en curso es la de resolver el caso de supuestos sobornos de esta empresa a Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, por un monto de 10 millones de dólares, en la época en la que este personaje fungía como director de asuntos internacionales en la campaña presidencial del PRI en 2012. Y aquí es donde los cables se hacen nudo: Lozoya envió una carta a Santiago Nieto pidiéndole su exoneración, y Nieto hizo pública la solicitud. Con ello, según en recientemente encargado de la Procuraduría General de la República -Alberto Elías Beltrán- Nieto rompió el código de conducta que debe prevalecer en cualquier investigación de la PGR, y por eso lo destituyó.

Como siempre ocurré, el tema fue pasto seco para la flama que conduce a la politización del caso. Los partidos de oposición se alinearon con la defensa de Nieto. El gobierno en su contra. Y aunque varias voces de organizaciones sociales independientes también hablaron, el caso puede desembocar, a pequeña escala, en lo que sucede en Brasil: la justicia se divide en bandos, y la política impera sobre los juicios y las sentencias.

Lo más probable es que el tema se convierta en un escándalo menor que se apague por el estruendo de un nuevo escándalo, y que al final la inercia de la corrupción termine por apagar el ruido.

Pero lo más importante queda siempre a la deriva: México necesita un Fiscal independiente del poder político, que sea nombrado por instituciones más que por jefes. Pero ese panorama se ve muy lejos todavía. El candidato López Obrador, midiendo sus posibilidades hacia la presidencia, afirmó que el Fiscal no debe ser nombrado en esta administración, sino después del proceso electoral del año próximo. Y unos días después, hablando sobre el mismo tema, el presidente Peña Nieto le dio la razón.