Hay quien dice que el presidente López Obrador está recibiendo una sopa de su propio chocolate. Porque hace muchos años -en 1994-, cuando perdió la elección estatal para gobernador de Tabasco, López Obrador inauguró la era de las tomas de los pozos petroleros, y en 1996 los tomó nuevamente para exigir a Pemex la indemnización de miles de campesinos afectados por sus actividades contaminantes.
Y ahora, siendo presidente, sufre los bloqueos puestos en las vías ferroviarias de Michoacán por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y acude a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para saber cómo actuar sin utilizar la fuerza. Dice que los disidentes que permanecen en el plantón son «rebeldes sin causa», pero que no va a reprimirlos.
Los plantones son, como siempre lo han sido, una plaga nacional. Cerrar calles, carreteras, aeropuertos y vías férreas han sido los mecanismos utilizados por una enorme variedad de organizaciones -desde Antorcha Campesina hasta el EZLN-, que han logrado colocar los chantajes y las soluciones de fuerza como parte de los usos y costumbres de la política del país. Y eso sólo sucede en México.
Los plantones son las alternativas que utilizan las agrupaciones para conseguir más dinero por parte de los gobiernos. Y lo han logrado con muy buenos resultados. Para ellas, claro, porque las consecuencias sociales son siempre desastrosas. Los empresarios señalan que en 25 días de bloqueos se reportaron cerca de 400 trenes afectados con productos perecederos y más de 3 millones de toneladas de mercancías. Y en el ámbito estudiantil el asunto es mucho peor, históricamente hablando. Los niños que ingresaron hace 6 años a sus clases y que han sido afectados por los paros han perdido 184 días de clases; es decir, casi un año de estudios.
El dirigente de la CNTE, Víctor Manuel Zavala, dijo que obligarían al presidente a respetar los acuerdos de la mesa tripartita, donde se establecieron compromisos cercanos a los 6 mil millones de pesos para desactivar la crisis.
En su respuesta, la CNDH dijo que se debe respetar y aplicar la ley, y que eso es responsabilidad del Ejecutivo. Que nadie le arroje la bolita a la CNDH. «No puede ser -dijo- que la responsabilidad del gobierno dependa o quede condicionada a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos.»
El presidente ha repetido que no va a reprimir. Y tiene toda la razón. Pero la ley debe prevalecer. Nadie puede pisotear la libertad de tránsito de nadie. Para garantizar esa libertad con los maestros intransigentes, debe entrar la fuerza pública. Pero no con garrote y sangre. Habría que seguir el consejo de la canción de Luis Fonsi: «Despacito». Pero obligar a los plantones a liberar las vías.