En Perú el Estado se encuentra desbaratado. El gobierno provisional decretó el estado de emergencia el pasado miércoles, lo cual significa la suspensión de la libertad de reunión y tránsito para todos los ciudadanos en los próximos 30 días. La medida fue anunciada por Alberto Otárola, -ministro de Defensa del país-, fue promulgada el miércoles en la noche por la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, y será aplicada por la policía nacional con el apoyo de las fuerzas armadas. El decreto, sin embargo, no impuso el toque de queda.

Casi simultáneamente, el juez del Tribunal Supremo del país, Juan Carlos Checkley, dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

El estado de emergencia intenta controlar la violencia generalizada tras la destitución del presidente electo del país, quien había intentado disolver el Congreso la semana pasada.

Al menos seis personas han muerto, la mayoría manifestantes jóvenes, y más de 100 policías han resultado heridos, según las autoridades peruanas.