El llamado Plan B de la reforma electoral pretende acabar con los módulos en los que se procesan las credenciales para votar, y que ese servicio se proporcione en instalaciones prestadas por el gobierno. De esa manera, las credenciales para votar se entregarían en escuelas o centros de salud.

Parece una medida destinada a reducir costos en materia electoral, pero en realidad es el desmantelamiento de una infraestructura que ha permitido tener elecciones libres y confiables. Tan confiables como la credencial de elector. Hoy existen cerca de 900 módulos en el país donde se procesan las credenciales para votar, las cuales cuentan con importantes medidas de seguridad, incluyendo registros biométricos. Estas credenciales se han convertido en el principal instrumento de identificación de los mexicanos. La reforma elimina los módulos y pretende que el servicio se proporcione en edificios prestados por el gobierno, como escuelas o centros de salud, que tienen otras funciones.

México es un país democrático gracias a la lucha por la democracia que se ha llevado a cabo en su historia reciente. No debemos deshacernos de instituciones que han probado la calidad de sus servicios. Por eso, lo más sensato es que los módulos permanezcan.