En 2016, uno de cada tres europeos pensaba que sus líderes políticos eran corruptos. Este fue el punto de partida para la creación de un instrumento llamado Pacto de Integridad, un compromiso de integridad y transparencia promovido por diversas organizaciones sociales y firmado por las entidades públicas y los contratistas privados, para demostrarle a todo aquel que se interese en el tema el buen uso de los recursos públicos.

En menos de dos años, el Pacto ha sido firmado a propósito de 17 grandes contratos públicos en 11 países de la Unión Europea. A finales del año pasado, un centenar de representantes de agencias especializadas, empresas privadas, autoridades nacionales, estatales y municipales, así como diversas organizaciones sociales se reunieron en Bucarest para conocer el monitoreo de los contratos y diseñar nuevas políticas contra la corrupción hacia el futuro.

Una de las conclusiones del encuentro, que llama la atención por su sencillez y sus alcances, es que la corrupción no es un mal inevitable. Transparencia Internacional calculó un déficit de 5 billones de euros por las pérdidas anuales que conlleva la corrupción en los países miembros de la Unión Europea. La mayoría de la gente quiere acabar con eso. Por eso la segunda conclusión fue que tanto los gobiernos como las empresas y las organizaciones sociales están en el mismo frente de batalla. De esa manera, ya no suena utópico que vencerán a la corrupción.