Desde hace varias décadas, las relaciones entre los empresarios y el gobierno de México han sido tensas, cubiertas de una falsa armonía en ocasiones y muchas veces conflictivas y llenas de enfrentamientos. Durante el siglo pasado, sobre todo después de las nacionalizaciones del petróleo y la industria eléctrica, los empresarios vivieron temerosos de que la guillotina de las expropiaciones pudiese caer sobre sus cabezas.

La época del desarrollo estabilizador fue un respiro para los dueños de las grandes empresas. Durante los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortínez, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, el Estado dejó en claro que era preferible apostarle al crecimiento económico que a la incertidumbre creada por el fantasma de las nacionalizaciones. El país creció a un buen ritmo, y los empresarios vivieron una auténtica edad de oro.

Con el gobierno de Luis Echeverría, que amenazaba con ingresar a una etapa llamada «el desarrollo compartido», los empresarios volvieron a temer que una etapa de expropiaciones les pudiese arrebatar sus cuantiosas ganancias. Pero con el arribo del gobierno de José López Portillo, y sobre todo con los gobiernos posteriores, los empresarios tuvieron la garantía de que sus propiedades no serían tocadas.

Con el actual gobierno, el espantajo de las nacionalizaciones volvió a recorrer las oficinas de las Cámaras Empresariales. Sin embargo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que no habrá nacionalizaciones ni expropiaciones. Todo ello ha quedado claro con el plan de inversiones de la iniciativa privada y ahora, en días pasados, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

El sector privado se mostró satisfecho y feliz con la firma de las modificaciones al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que avalaron esta semana los tres socios comerciales en Palacio Nacional, pues -dijeron los portavoces- devuelve la certeza a todas las inversiones.