En la carrera para combatir al coronavirus en Estados Unidos ha habido de todo: salidas en falso, competidores que no cumplen las reglas, acuerdos por debajo de la mesa y un árbitro inexistente. Todos dicen que actúan por su cuenta, pero no hay un sólo competidor que no busque al gobierno.
Como es sabido, ya existen tres vacunas que compiten para llegar al fin de año con pruebas verificables. Pfizer firmó un acuerdo para vender al gobierno federal una buena cantidad de dosis de su vacuna si tenía éxito. Eso le garantizaba al laboratorio un comprador de alto nivel. También pidió ayuda al gobierno de Trump varias veces para tener acceso a los suministros de fabricación.
Moderna es otro laboratorio que no dudó en pedir ayuda al gobierno. Cerca de 2500 millones de dólares en fondos federales ayudaron a Moderna a comprar materias primas, expandir su fábrica y aumentar su fuerza de trabajo en un 50 por ciento. A cambio, prometió entregar 100 millones de dosis al gobierno federal.
A principios del otoño, las presiones políticas que se habían ido acumulando durante todo el año salieron a la luz pública. Los reguladores federales trataban de encauzar a los participantes en los ensayos clínicos con el fin de garantizar que las vacunas fueran seguras, pero los funcionarios de la Casa Blanca las bloqueaban. El presidente atacaba a los funcionarios de la FDA describiéndolos como antagonistas que intentaban frustrar su reelección.
Al final de la carrera, como se sabe, perdió Donald Trump.
(En la fotografía aparece Kayleigh McEnany, portavoz de la Casa Blanca)