Los chilenos rechazaron en el plebiscito del pasado domingo la propuesta de nueva Constitución, cuya redacción fue la salida institucional al masivo estallido social de 2019; así, se quedarán con la Carta Magna heredada por la dictadura militar.

Sin embargo, este rechazo no implica automáticamente la aceptación de la Constitución de la dictadura militar, sino un llamado a seguir debatiendo el marco legislativo de la nación.

El nuevo texto, elaborado durante un año por una Convención Constitucional, buscaba cambiar un modelo ultraliberal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y consagraba un «Estado social de derecho».

De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile, el rechazo obtuvo un 61.92 por ciento de votos frente a la opción de la aprobación, que logró un 38.08; estas cifras se obtuvieron con un 95.87 por ciento de las mesas escrutadas, con lo cual el resultado era ya matemáticamente irreversible.

En 2020, cuando se les preguntó a los chilenos si querían que se redactara una nueva Constitución, un 78 por ciento votó a favor del «Sí», pero tras dos años de proceso, el rechazo creció paulatinamente.

Al ganar el «Rechazo», seguirá vigente la Constitución actual. Sin embargo, la oposición política de derecha que se opuso al nuevo texto constitucional se comprometió a reformar la Carta Magna actual para atender las demandas de los chilenos. Una reforma incluso contemplaría sustituir el actual Estado subsidiario por uno social de derechos.

La oposición prometió «garantizar el acceso y adecuado ejercicio» de los derechos sociales en educación, salud y vivienda, en un país donde quienes tienen dinero acceden a mejores y más rápidos servicios privados.

En las últimas semanas, el «Rechazo» lideró las encuestas rumbo al plebiscito, después de un proceso constituyente que resultó polémico y a veces tergiversado por ciertos sectores. Algunas propuestas polémicas que no llegaron al texto final y el comportamiento errático de constituyentes contribuyeron al descontento en Chile con el proceso de redacción, a lo que se le sumó una campaña de desinformación. Una de esas propuestas era la integración de las comunidades indígenas en el modelo de unidad nacional.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric, partidario del «Apruebo», ha dicho que Chile debería convocar a una nueva convención constitucional para que se redacte un nuevo texto y se vuelva a hacer otro referéndum. De cualquier modo, el Presidente convocó a los partidos a La Moneda para dar continuidad al proceso.