Casa Padre es el nombre que le han dado a un reclusorio para niños en Brownsville, Texas. Ahí, en el cascarón abandonado de un conocido Walmart, se ha instalado un reclusorio donde se apiñan 1,500 infantes que son producto de la política antimigratoria de Estados Unidos.

El reclusorio ha evolucionado rápidamente con el tiempo. Originalmente era una vulgar cárcel, donde las condiciones de vida de los niños eran más que precarias. Uno de ellos, que pudo ser entrevistado por el Washington Post, declaró que después de un viaje terrorífico por tren desde la frontera sur de México el refugio era un espacio mucho mejor que dormir al aire libre, pero que la comida era raquítica y en mal estado, y que las canchas donde jugaban fútbol eran terregales de polvo y piedras.

El espacio fue mejorando para recibir a una multitud de nuevos inquilinos, y fue respondiendo a otros requerimientos. Si bien en principio era un refugio para los niños que eran detenidos por la patrullas fronterizas para ser regresados a sus lugares de origen, ahora es un sitio donde descansan los niños que han sido separados de sus familias, de acuerdo a la nueva política de Donald Trump llamada «Cero tolerancia». En ese contexto, todos los niños que no tienen sus papeles migratorios en regla, o que son hijos de indocumentados, terminarán en el reclusorio.

Pero la imagen que se trata de dar pretende ser muy buena. Sobre todo, es una imagen para la prensa. El interior del reclusorio es muy higiénico, las camas de los internos están bien hechas y muy limpias, la comida se sirve en charolas de alimentos balanceados, las canchas deportivas en buen estado, los salones de juegos cuentan con mesas de billar, videojuegos, mesas de futbolitos. Hay unos murales donde se plasman las frases célebres de los presidentes de Estados Unidos, y cabinas telefónicas para llamar a los amigos y familiares dos veces a la semana.

La nueva estructura diseñada para la administración de este espacio -y de otros que están brotando a lo largo de la frontera con México- reside en un esquema en el que el gobierno federal concede a las organizaciones sociales y filantrópicas el mantenimiento y la administración de los llamados albergues, paga los salarios por los servicios que prestan, y las organizaciones se  comprometen a buscar la reinserción de los niños en sus familias. Pero fuera del país, por supuesto.

Mientras tanto, lo que se ha creado es un reclusorio para los hijos de las familias divididas por la actual administración.

(Información de The Washington Post)