Ante la inseguridad que se vive en el país, uno de los sectores mercantiles que han florecido dentro y fuera de la ley es el de las empresas que proporcionan seguridad privada a todo aquel que pueda pagarlo. En el país operan cerca de 8 mil empresas de este tipo, y la mitad son ilegales.

Una gran parte de estas empresas se dedican a la seguridad privada de las personas. Son escoltas que tuvieron puestos en la policía o en el ejército, y que pueden tener mejores salarios si se contratan como guardaespaldas de empresarios que se trasladan de casas a restaurantes o escuelas para dejar a sus hijos. O como escoltas de los propios hijos que van a lo antros.

Esta actividad, además de añadir nuevas filas de automóviles al tráfico citadino, en ocasiones crea nuevos problemas de inseguridad. Los guardaespaldas son gente con y sin escrúpulos, que en aras de proteger a sus patrones manejan los vehículos como si fuera escoltas imperiales, se estacionan donde quieren y pisotean los derechos de cualquiera. Guaruras, se les llama, por sentirse prepotentes y altivos con el poder de sus armas.

El otro lado de la moneda son los policías privados que viven como partes del mobiliario a las entradas de los comercios, las librerías y restaurantes. Son guardianes sin instrucción y sin recursos, de pie las 12 horas de su jornada laboral, con sueldos a la altura de sus funciones y sin prestaciones de ningún tipo. En ocasiones, son las primeras víctimas de los asaltos. Y rara vez protegen la seguridad de los clientes.

La seguridad privada es, a juicio de muchos, el único recurso para sentirse seguro. Para otros, es un tronco de salvación en las arenas movedizas del empleo formal. Pero lo cierto es que constituye un peldaño inferior en el abismo de la inseguridad que debería llenar el Estado.