Órganos electorales y corrupción

“Los órganos electorales han alcanzado niveles de excelencia técnica-profesional y de reconocimiento internacional, por lo que están obligados a ser referencia del Estado mexicano en ese gran flagelo que lastima a la sociedad, como la corrupción y la impunidad”, sostuvo en La Paz, Baja California Sur, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Al participar en el 8° Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México (ACIEM) A.C., con la conferencia “La responsabilidad de las Consejeras y Consejeros en los Organismos Públicos Locales. Una reflexión a 5 años de la reforma electoral”, indicó que el sistema nacional de elecciones ha demostrado que funciona bien.

“Si no lo hiciera, no tendríamos los resultados que hoy tenemos. Está funcionando para lo que han sido creados los sistemas electorales, para generar gobernabilidad democrática; para crear garantías para el voto libre y secreto; para que existan condiciones de equidad en la competencia política y para que los principios democráticos guíen la toma de decisiones públicas”, puntualizó

Ante el presidente de la ACIEM, Ramón Guluarte Castro; de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador; de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE, Marina Garmendia Gómez, así como integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, consejeras, consejeros y titulares de los órganos internos de control de institutos electorales, Córdova Vianello señaló que a cinco años de la reforma electoral del 2014 y ante ánimos de refundación, “hay ámbitos de mejora, pero si funciona, no lo arregles, en todo caso, mejóralo”.

Sin embargo, consideró que ante la posibilidad de cualquier reforma electoral deben participar los involucrados; es decir, los órganos electorales de todo el país, para poner a disposición de los legisladores toda la experiencia técnica y la previsión de eventuales consecuencias.

Subrayó que las condiciones democráticas han permitido la alternancia en el país, por lo que ahora se viven condiciones inéditas donde por voluntad de los electores en las urnas, hay mayoría en los congresos.

“Ante estas condiciones inéditas, actuar con ética de la responsabilidad significa entender que lo electoral, al no ser un problema, no tenemos por qué ponerlo en el centro de la discusión”, agregó.

En este entorno, el Consejero Presidente del INE dijo que los órganos electorales están permanentemente auditados y bajo el escrutinio público, por lo que tanto las consejeras y consejeros locales y nacionales; los integrantes de los órganos jurisdiccionales nacionales y locales y los propios órganos internos de control, tienen la responsabilidad de actuar con ética de responsabilidad.

Los invitó a cuidar el sistema electoral, privilegiar la institucionalidad democrática y sancionar con todo el rigor de la ley las conductas ilegales, en aquellos casos donde se registren.

(Información del Instituto Nacional Electoral)

Gambia y México

Transparencia Internacional es la organización que mide la percepción de la corrupción en el mundo. Cabe decir que, a su juicio, los países menos corruptos de la Tierra son Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia y Singapur, y los más corruptos son Afganistán, Corea del Norte y Somalía. Y esas percepciones cuentan, porque son las visiones que tienen sus habitantes sobre el comportamiento de sus gobernantes, sus empresarios y sus ciudadanos en general.

En la lista de los países clasificados, un detalle que homologa a Gambia y a México es que ambas naciones acaban de cambiar de gobierno, y sus nuevos gobiernos tienen a la lucha contra la corrupción en el centro de sus políticas. Y tal vez sea esa la única semejanza. Pero si comparamos a ambos países en los niveles de percepción de la gente sobre la corrupción, resulta que México no sale bien librado. De un total de 180 países, México ocupa el nada honroso lugar 138. Gambia, por su parte, ascendió recientemente 7 puntos en la escala y se encuentra ya en el 78.

Gambia es una nación construida a lo largo de un río. El río Gambia, precisamente. Es un país que representa un enclave en el territorio de Senegal. La longitud del país, al igual que la del río, son apenas 300 kilómetros. Y su anchura oscila entre los 25 y los 50 kilómetros, de acuerdo a los meandros del río. Su población es de 1.7 millones de personas, lo cual la convierte en un país densamente poblado. Es de mayoría negra, como el resto de las naciones africanas, y su territorio fue una de las canteras para la esclavitud cuyos destinos eran Estados Unidos y Brasil.

Después de lograr la independencia del imperio británico, Gambia sufrió una dictadura feroz de 1996 a 2017 bajo la bota de un déspota llamado Yahya Jammeh, que ocupó la silla presidencial como si fuera un botín para él y sus allegados. A principios de 2017, un proceso electoral sacó al dictador de su oneroso cargo, y de manera inmediata las cosas empezaron a cambiar. Los medios de comunicación recuperaron su libertad. Un renovado poder judicial puso a la lucha contra la corrupción como su principal divisa. Los caudales de noticias falsas que inundaban Internet llegaron a su fin. Los cuerpos de seguridad tienen como consigna, ahora, la defensa de los derechos humanos. El nuevo gobierno está buscando la forma de recuperar los recursos que el dictador Jammeh se llevó a su lujoso exilio en Guinea Ecuatorial.

Lo que mide Transparencia Internacional son percepciones, pero las percepciones cuentan. Gambia ha ganado notoriamente en términos de transparencia con los dos años de su nuevo gobierno. México tal vez ya tocó fondo sobre lo que contempla la población, y puede empezar a recuperarse con sus tres primeros meses de lucha contra la corrupción.

Odebrecht.Can

Cuando se habla de corrupción a nivel internacional, Canadá es un país que siempre se sitúa por encima de sus congéneres. Su gobierno es un ejemplo de pulcritud, transparencia, inclusión de los contrarios, pluralidad y respeto. Y sus empresas son vistas como ejemplos en términos de justicia laboral, donde existen salarios muy elevados y ganancias respetables, que nunca llegan a las cifras exorbitantes de los países árabes o los eufemísticamente llamados en vías de desarrollo.

Pues bien, este año a Canadá le tocó lidiar con su primer escándalo de corrupción al más puro estilo de Brasil y sus empresas. La firma señalada se llama SNC-Lavalin, y es una empresa multinacional de construcción e ingeniería con sede en Montreal. Y siguiendo los pasos de Odebrecht, se reveló que SMC-Lavalin ofreció 47 millones de dólares en sobornos al gobierno de Libia para adquirir contratos. Las ofertas se llevaron a cabo durante el imperio de Muammar Gaddafi, en los años que van de 2001 a 2011. Ha pasado mucho tiempo, pero las secuelas del caso han manchado al actual gobierno.

El miércoles 27 de febrero, durante casi cuatro horas de testimonio ante la comisión de justicia de la Cámara de los Comunes canadiense, una dama muy refinada llamada Jody Wilson-Raybould contradijo en varias ocasiones las aseveraciones del primer ministro Justin Trudeau, quien afirmó que ni él ni su personal actuaron indebidamente al intentar que la Fiscalía de la nación -encabezada por Jody- alcanzara un acuerdo fuera de tribunales con la empresa SNC-Lavalin. La señora describió con lujo de detalles 10 reuniones, 10 conversaciones y una serie de mensajes de correo electrónico que tuvo ella sobre el caso. Posteriormente, fue removida de su cargo rumbo a otro puesto, y finalmente asomó la cara en el estanque de las renuncias.

El trasfondo del asunto se ha centrado en la intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Fiscalía, algo muy normal en México pero imperdonable en naciones como Canadá.

Andrew Scheer, líder de la oposición del Partido Conservador en el parlamento, ya salió a la palestra para pedir una investigación por obstrucción de la justicia, y exigir la renuncia de Trudeau.

En síntesis, por lo sucedido en Canadá puede confirmarse una sentencia que duele mucho a los idealistas y regodea en su sapiencia a los cínicos: “la política es un baño de mugre en cualquier lugar de la Tierra.”

 

Capital de la corrupción

Es difícil hacer una sentencia de ese tamaño, pero todo indica que Brasil se ha convertido en la capital de la corrupción en el mundo. La internacionalmente famosa operación llamada Java Lato del año 2014 implicó a decenas de empresarios y políticos que lavaban dinero con una red de lavanderías y gasolinerías, y que implicó contratos fraudulentos con la empresa Petrobras, la más importante del país. En sus investigaciones cayeron varios expresidentes brasileños, y solo Fernando Enrique Cardoso se ha salvado de ser destituido del cargo por acusaciones de corrupción.

Junto a eso, el nombre del funcionario Emilio Odebrecht se hizo famoso por su estrategia de repartir dinero a diferentes funcionarios del continente, a cambio de contratos muy jugosos para su empresa constructora. Entre los países involucrados está Brasil, por supuesto, pero también Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y México, además de Angola y Mozambique en África. Brasil se convirtió en el único país en el mundo donde la corrupción llegó a ser un producto de exportación.

Pero la última jugada de la estela de corrupción en el país no termina de pasar, y se refiere al reciente proceso electoral y sus secuelas. La puesta en marcha es una jugada política que implica a un juez implacable, llamado Sergio Moro -que aparece en la foto-, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y al actual presidente de la nación, el recién electo Jair Bolsonaro. Como es sabido, el juez Sergio Moro se encargó de poner fuera del combate electoral al expresidente Lula da Silva, acusándolo de corrupción y metiéndolo a la cárcel desde el mes de abril del año pasado. Después del proceso electoral, Bolsonaro premió al juez Sergio Moro nombrándolo Ministro de Justicia y Ciudadanía. Y desde ahí ha cuidado las espaldas de Bolsonaro, cuyo gobierno ya ha sido acusado de corrupción y ya cobró a su primera víctima: Gustavo Bebianno, Ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

El pueblo de Brasil se pregunta qué tipo de justicia es la que procura el nuevo gobierno. Y no tiene que indagar mucho. Basta ver que el expresidente Michel Temer no pisó la cárcel a pesar de múltiples acusaciones, y que los implicados en el caso Odebrecht -Marcelo Odebrecht, Antonio Palocci y Joao Santana- salieron de prisión y, sin renunciar a sus ganancias ilícitas, están cumpliendo sus condenas en arresto domiciliario.

Mientras tanto, Lula da Silva sigue tras las rejas, según su documentación, “por actos de oficio indeterminados”. Aquí la justicia tiene partido.

Aduanas del crimen

¿Por qué los niveles de homicidios en México son parecidos a los que existen en naciones en guerra o conflictos permanentes, como Siria, Irak y Afganistán? La respuesta es simple: porque México es un país armado. Aunque las armas están prohibidas. O casi. Solo se puede tener una arma -una pistola, por ejemplo- con el debido trámite de autorización del ejército.

Las armas de asalto -rifles, metralletas y ametralladoras están prohibidas. Por eso es muy relevante el decomiso de armas que acaba de hacer la nueva administración en la aduana de Reynosa, al detener a un funcionario que intentó disfrazar de material eléctrico lo que eran mil 400 cargadores de fusiles AK-47, en una acción que seguramente era una costumbre a lo largo de los últimos años. Eso representa un conjunto de 70 mil balas, ya que cada cargador tiene un cupo de 50 balas. Con esa acción se salvaron tal vez miles de vidas.

La inteligencia aduanal no funcionaba. Según Ricardo Peralta, nuevo titular de la Administración General de Aduanas, existen 150 mil cámaras en las aduanas, pero en una primera inspección sobre su funcionamiento encontró que la mayoría de ellas apuntaban hacia los techos y los suelos, con la clara intención de no tener registro algunos sobre lo que se ingresaba al país a través de las líneas.

Con la nueva administración llegó la limpia. De 49 directores de las aduanas existentes fueron despedidos 45. Solo quedaron 4 funcionarios a los que no se les pudo probar ni nexos con el crimen organizado ni señalamientos de deshonestidad al informar sobre los precios de las mercancías ingresadas. De algunos de ellos, ya se están integrando los expedientes para turnarlos a la Fiscalía General de la República.

No todas las armas que existen en el país ingresan por las aduanas. Pero cerrar ese conducto es un paso muy importante.

 

Las monjas también

¿Y las monjas? ¿No son víctimas también de abusos sexuales? Pues sí, pero es un tema al que no se le da importancia. El abuso sexual de monjas por curas y obispos católicos -así como los abortos resultantes en ocasiones- han sido ocultado durante años y relegados al olvido por otros escándalos de la Iglesia católica romana.

Pero esta semana, el Papa Francisco reconoció públicamente el problema por primera vez. Y la revista Mujeres Iglesia Mundo, que se distribuye con el periódico del Vaticano, contiene un artículo incandescente sobre el tema. Su autora, Lucetta Scaraffia, arenga en su texto a las religiosas a hablar sobre los abusos. Parece que el hashtag #MeToo ha llegado a todas las sacristías.

El asunto no es nuevo, y el mundo religioso está plagado de anécdotas sobre el tema. Al parecer, el Papa Benedicto trató de hacer algo al respecto, pero sus esfuerzos fueron débiles y no fructificaron. En términos generales, los abusos sexuales de los curas hacia las monjas reproducen los patrones de la pedofilia rampante en muchos templos, y ocurren sobre todo en países y regiones pobres. En África y la India, principalmente. Ahí las monjas tienen una relación de subordinación absoluta hacia los sacerdotes, y tienden a cumplir todos sus deseos. Todos. Por eso, en un resbalón lingüístico, el Papa Francisco habló de esclavitud sexual. ¡Uups! El vocero del Vaticano salió a decir que el Papa no quiso decir eso.

Cuando no interviene la prensa, no hay mayor problema. Mientras el señor cura decide meter a alguna hermana a su pobre catre y todo se mantiene en secreto, no sucede nada. Pero si el destino misericordioso decide preñar a monjita, ahí empiezan los problemas. El cura opta por la solución más expedita: el aborto. No importa que eso vaya contra los cánones de la Santa Madre Iglesia.

Si empieza a haber ruido sobre los abusos, la institución se inclina por la salida que más le ha dado resultados en casos semejantes: transferir de parroquia a los culpables. Y las víctimas, a callar.

Todo esto puede cambiar con la declaración condenatoria del Papa Francisco, la proximidad del Congreso de Obispos el próximo mes en el Vaticano, y la publicación del artículo sobre el tema. Por eso su autora exhorta a todas las monjas que han sido víctimas de abusos: no se queden calladas.

Con eso puede desatarse, al igual que en Hollywood, otra avalancha.

El hijo

Jair Bolsonaro, el diputado ultraderechista que tomó las riendas de Brasil a finales del año pasado, enfrenta el primer reto serio de su mandato. Su hijo mayor está acusado de corrupción. Y la lucha contra la corrupción fue, precisamente, la bandera que lo llevó a la presidencia.

El juez que preside el Supremo Tribunal Federal de Brasil revirtió una orden con la que se había suspendido una investigación contra Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente. El caso en contra de Flávio comenzó a desarrollarse en diciembre de 2018, cuando varios investigadores financieros de la federación descubrieron que 1,2 millones de reales (alrededor de 327.000 dólares) habían sido transferidos hacia una cuenta bancaria de Fabrício Queiroz y poco después movidos a otra cuenta durante 2017. En ese momento, Queiroz era el chofer contratado por Flávio Bolsonaro, que en ese entonces era diputado local de Río de Janeiro.

Uno de los hilos de la pesquisa señala que una parte del dinero transferido terminó a nombre de Michelle Bolsonaro, la actual primera dama. Jair Bolsonaro, el presidente, ha declarado que las transacciones se deben a que Queiroz le estaba volviendo a pagar un préstamo a Michelle. Pero esa declaración no ha resultado del todo creíble.

Los fiscales de Río de Janeiro que investigan el caso han rechazado hacer comentarios por tratarse de un proceso en curso, pero la sugerencia hecha por expertos y críticos es que las transacciones, como solían suceder cerca de la quincena, podrían deberse a una práctica ilegal aunque común en Brasil: la contratación de empleados “fantasma” -así como las empresas-, que no se presentan a sus labores, pero que están en las nóminas con el fin de transferir sus  sueldos.

Además, las autoridades investigan 48 depósitos hechos en efectivo en cinco días de un mismo mes a la cuenta de Flávio Bolsonaro.

El hijo del presidente ha negado haber cometido cualquier ilegalidad y dijo que los depósitos y transacciones eran el pago por una propiedad que vendió.

En octubre, cuando fue votado al Senado de Brasil, Flávio dijo que no estaba en investigación y que estaba dispuesto a reunirse con los procuradores. Pero en enero cambió de parecer y apeló ante el Supremo Tribunal Federal para pedir que se congelara la pesquisa, con el argumento de la inmunidad política que tiene como senador.

Eso es un dolor de cabeza para su papá.

Visos de solución

Ante la falta de investigaciones de la Procuraduría General de la República, un grupo de periodistas mexicanos se convirtió en investigadores. Y llegaron muy lejos. El 5 de septiembre de 2017 Daniel Moreno, Director del portal llamado Animal Político y Salvador Camarena, Director de Investigación Periodística de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó los hilos de una investigación muy enredada y redituable para muchos. La Estafa Maestra. Originalmente era una madeja de 128 empresas fantasma a través de las cuales el gobierno federal desvió más de 400 millones de dólares que se repartieron entre las manos de 11 dependencias públicas, 8 universidades públicas, muchas empresas privadas y más de 50 funcionarios de distintos niveles.

El escándalo se hizo mayor porque muchas veces los involucrados no sabían ni siquiera en lo que participaban. “¿Le entras?” era la pregunta inicial para participar en un gran fraude. “Tú solo fírmale aquí”, era la voz para dar el siguiente paso. El dinero venía del gobierno federal, pasaba por los gobiernos estatales, ingresaba a las arcas de las universidades y llegaba a manos de empresas inexistentes y de algunos incautos. Al final, muchas veces, las personas involucradas no sabían de qué se trataba. Los que sabían, se hinchaban los bolsillos de dinero. Y al final, ni siquiera aparecían los servicios que supuestamente se iban a realizar o los bienes que se compraban.

El caso, con el tiempo, se fue a dormir a los archivos de la Secretaría de la Función Pública. Ni los esfuerzos de la Auditoría Superior de la Federación sirvieron para sacudirlos del sueño.

Pero todo eso parece estar llegando a su fin. Se acaba de anunciar que la Secretaría de la Función Pública investiga la evolución patrimonial de tres funcionarios de Pemex que firmaron convenios irregulares entre la petrolera y universidades públicas así como a los auditores encargados de revisar estos convenios, pues pese a que se contaba con indicios para investigarlos fueron exonerados. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló que al revisar los convenios se encontró que al menos en tres se violó la ley pues se sobrepasó el monto permitido, y que las universidades contratadas no contaban con la capacidad para llevara a cabo los trabajos por lo que tuvieron que subcontratar a terceros, los cuales tampoco pudieron realizarlos. La secretaria añadió que del análisis de los convenios se supo que algunas de las empresas beneficiadas de los recursos del Estado estaban ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos, y que actuaban como socios directos.

Ahora se saben los nombres de los implicados. Los funcionarios implicados en el caso son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien era director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, quien fungía como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, que era gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística. Todos ellos firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país por 348 millones de pesos, que terminaron en las arcas de 17 empresas irregulares. Todos ellos ya fueron separados de sus cargos, y posiblemente enfrenten a la justicia penal.

Parece que la estafa está perdiendo su maestría.